Preguntas frecuentes para empresas

Somos una firma boutique especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social, con práctica también en derecho fiscal y administrativo, corporativo, inmobiliario, propiedad intelectual, mediación, conciliación y arbitraje, y litigio. Sumamos más de 16 años atendiendo a empresas nacionales y trasnacionales.

Nuestras oficinas están en la Ciudad de México (Carretera México-Toluca 5860, Col. El Contadero, Cuajimalpa) y atendemos a empresas nacionales y trasnacionales en toda la República Mexicana, en español e inglés.

El derecho laboral mexicano es de orden público, protector del trabajador y cambia con frecuencia; un error en contratación, terminación o cumplimiento puede derivar en contingencias costosas. Un especialista previene riesgos, asegura el cumplimiento y defiende a la empresa con estrategia.

Que la legislación laboral es protectora del trabajador, con prestaciones mínimas irrenunciables (aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, reparto de utilidades, entre otras), obligaciones de seguridad social ante el IMSS e INFONAVIT y reglas estrictas de terminación. Conviene definir bien la estructura de contratación y cumplir desde el primer empleado.

Mediante un contrato individual de trabajo por escrito, el registro del trabajador ante el IMSS y el INFONAVIT, las obligaciones fiscales correspondientes y el pago de las prestaciones de ley. Recomendamos además contar desde el inicio con políticas internas y un Reglamento Interior de Trabajo.

Los datos de las partes, el puesto y las funciones, la duración (por regla general por tiempo indeterminado), la jornada, el salario y su forma de pago, el lugar de trabajo, las prestaciones y, en su caso, el periodo de prueba o de capacitación inicial. Debe constar por escrito.

Solo cuando se trata de servicios genuinamente independientes. Si existe subordinación, la relación “por honorarios” puede reclasificarse como laboral, con pago retroactivo de prestaciones, seguridad social y contingencias. Es uno de los riesgos más frecuentes y costosos.

Pagar el salario y las prestaciones mínimas (aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, reparto de utilidades), inscribir y cotizar ante el IMSS e INFONAVIT, retener y enterar impuestos, cumplir con seguridad e higiene, respetar la jornada y los descansos, y mantener la documentación laboral en regla.

Contratos individuales, recibos de nómina (CFDI), control de asistencia y de vacaciones, Reglamento Interior de Trabajo, políticas internas, el expediente de cada trabajador, altas ante el IMSS e INFONAVIT y constancias de capacitación y de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

Es el conjunto de disposiciones que regulan el desarrollo del trabajo en la empresa (horarios, lugar, disciplina, permisos, etc.). Es clave porque da certeza, sustenta las medidas disciplinarias y debe depositarse ante la autoridad laboral.

Es la Norma Oficial Mexicana sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Obliga al patrón a identificarlos y prevenirlos, atender la violencia laboral y promover un entorno organizacional favorable, mediante políticas, evaluaciones y registros.

La reforma conocida como “Ley Silla” obliga a proporcionar asientos con respaldo y a permitir descansos durante la jornada en las actividades que lo ameritan. Conviene revisar los puestos, ajustar instalaciones y políticas, y documentar el cumplimiento.

Con una política de cero tolerancia, un protocolo de prevención y atención de denuncias, canales seguros de reporte, investigaciones imparciales y capacitación continua. Esto cumple la normativa (incluidas la NOM-035 y la igualdad sustantiva) y protege a la empresa.

Existen dos vías: la rescisión con causa justificada (sin responsabilidad para la empresa, pero exige una causa legal acreditada y el procedimiento y aviso correspondientes) y la terminación sin causa (con pago de la indemnización de ley). En ambos casos, la documentación y el procedimiento correcto son decisivos.

Cuando existe una causa de rescisión prevista en la ley (por ejemplo, faltas graves de probidad u honradez, o ausencias injustificadas), debidamente acreditada y notificada conforme al procedimiento. Sin prueba suficiente, el despido se considera injustificado.

El finiquito es el pago de lo ya devengado (salario pendiente, vacaciones, aguinaldo proporcional, etc.) y procede en toda terminación. La indemnización es el pago adicional que corresponde cuando la terminación es sin causa o se declara injustificada.

Con contratos y políticas sólidas, expedientes completos, procesos disciplinarios documentados, terminaciones bien ejecutadas, convenios ratificados y una cultura de cumplimiento. La prevención es la mejor defensa.

Activando el protocolo, protegiendo a la persona denunciante, investigando con imparcialidad y confidencialidad y resolviendo con medidas proporcionales. La NOM-035 y la normativa de igualdad exigen contar con estos mecanismos.

Es una revisión integral del cumplimiento laboral y de seguridad social de la empresa, orientada a detectar riesgos y corregirlos antes de que deriven en sanciones o juicios. Es recomendable hacerla de forma periódica y antes de operaciones relevantes.

Teniendo en regla los contratos, el Reglamento Interior de Trabajo, los registros de seguridad e higiene, la capacitación y el cumplimiento de las NOM, y designando a un responsable para atender la diligencia. Una revisión previa permite corregir antes de la visita.

Respetar la libertad sindical y la negociación colectiva, atender de buena fe las solicitudes legítimas y observar las reglas de legitimación y de voto de los contratos colectivos conforme a la reforma laboral. Una estrategia previa es clave.

Con asesoría inmediata: revisar los requisitos y la procedencia del emplazamiento, definir una estrategia de negociación y, en su caso, los medios de defensa. Los plazos son cortos y los errores, costosos.

Anticipando el rediseño de turnos y horarios, midiendo el impacto en costos y productividad, y revisando los contratos individuales y, en su caso, los contratos colectivos. Conviene planear la transición conforme avance la implementación de la reforma.

Formalizar el teletrabajo por escrito, proporcionar y pagar el equipo, la conectividad y la parte proporcional de electricidad, respetar el derecho a la desconexión y cuidar la seguridad y la salud, conforme a la Ley Federal del Trabajo y la NOM-037.

Las empresas con utilidades deben repartir un porcentaje entre sus trabajadores dentro de los plazos de ley, observando los topes y reglas aplicables (incluidos los topes introducidos por la reforma en materia de subcontratación). Asesoramos en el cálculo y en el cumplimiento correcto.

El salario mínimo se actualiza cada enero, mientras que la UMA se actualiza anualmente y entra en vigor el 1 de febrero. Ambos impactan las nóminas, las prestaciones, las cuotas obrero-patronales y diversos topes legales; conviene ajustar las obligaciones conforme a la vigencia aplicable.

Entre las más relevantes: la reforma en materia de subcontratación (REPSE y topes de PTU), la justicia laboral (tribunales y centros de conciliación, y la legitimación de los contratos colectivos), el teletrabajo (NOM-037), la “Ley Silla” y la reducción de la jornada laboral en curso. Las mantenemos monitoreadas para nuestros clientes.

Inscribir a los trabajadores, determinar y enterar las cuotas obrero-patronales con el salario base de cotización correcto, y cumplir con las aportaciones de vivienda al INFONAVIT. Los errores en la integración del salario base de cotización son una causa frecuente de créditos y multas.

Es el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados ante la STPS, obligatorio para quienes prestan servicios u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del contratante. Sin REPSE, esos servicios no pueden deducirse ni acreditarse y existen sanciones.

Realizar un due diligence laboral: la plantilla y los contratos, los pasivos ante el IMSS e INFONAVIT, los juicios en curso, los sindicatos, la subcontratación y el cumplimiento de las NOM, para cuantificar contingencias y estructurar la operación (incluida la sustitución patronal).

Depende del número de socios, tus planes de inversión y el control que quieras conservar. La S.A. de C.V. divide el capital en acciones libremente transmisibles: ideal si abrirás el capital a inversionistas. La S. de R.L. de C.V. usa partes sociales cuya cesión requiere el consentimiento de los socios (máximo 50): más cerrada y personal, con frecuencia elegida por grupos extranjeros —sobre todo de EE.UU.— por su tratamiento fiscal en el extranjero. La S.A.S. se constituye en línea, incluso con un solo accionista, pero tiene un tope de ingresos. La S.A.P.I. (Ley del Mercado de Valores) es la favorita de startups que levantan capital, por su flexibilidad (distintas clases de acciones, cláusulas tag-along y drag-along). La elección óptima se define caso por caso.

A grandes rasgos: (1) autorizar la denominación o razón social ante la Secretaría de Economía (vigencia 180 días); (2) otorgar el acta constitutiva ante notario o corredor público —la S.A.S. se constituye en línea, sin fedatario—; (3) inscribirla en el Registro Público de Comercio, que le da plena oponibilidad frente a terceros; (4) tramitar el RFC ante el SAT; y (5) los registros según el giro (registro patronal ante el IMSS si tendrás empleados, licencias, etc.). Suele tomar de dos a cuatro semanas (más si participa capital extranjero, por los trámites adicionales).

No. Desde la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la S.A. y la S. de R.L. ya no exigen un capital mínimo (antes eran 50,000 y 3,000 pesos): los socios lo fijan libremente en los estatutos y cada acción o parte social puede valer desde un peso. Lo que sí pide la ley es exhibir al constituir al menos el 20% del valor de cada acción pagada en efectivo (art. 91 LGSM). En la práctica conviene un capital congruente con la operación del negocio.

Es el documento que da nacimiento a la sociedad y fija sus reglas. Incluye, entre otros: los datos de los socios, la denominación o razón social, el objeto social (a qué se dedicará), el domicilio, la duración, el importe del capital, la forma de administración y las facultades de los órganos, y las reglas de reparto de utilidades. Salvo la S.A.S., se otorga ante notario o corredor público y se inscribe en el Registro Público de Comercio.

Se constituye gratis y en línea (gob.mx / Tu Empresa), puede tener un solo accionista y exige e.firma vigente. Es atractiva para quien inicia. Su límite: los ingresos anuales no pueden rebasar, en 2026, 7,678,849.94 pesos (art. 260 LGSM, monto que se actualiza cada año); si los superas, debes transformarte en otro tipo de sociedad. Tampoco es idónea para estructuras de inversión complejas.

Sí. La Ley de Inversión Extranjera permite, como regla general, hasta 100% de capital extranjero en la mayoría de las actividades; solo algunas están reservadas al Estado o a mexicanos, o limitadas (en ciertos sectores, superar el 49% requiere resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras). La sociedad adopta la cláusula de admisión de extranjeros (art. 27 constitucional), tramita su denominación ante la Secretaría de Economía y, al tener capital extranjero, se inscribe en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras dentro de los 40 días hábiles siguientes a su constitución, con avisos periódicos posteriores. No es necesario residir en México para ser accionista, aunque administrar u operar puede exigir trámite migratorio.

Desde 2022, el Código Fiscal de la Federación obliga a todas las personas morales y fideicomisos a obtener, conservar y mantener actualizada la información de su beneficiario controlador —la persona física que en última instancia controla o se beneficia de la sociedad— como parte de su contabilidad, y a entregarla al SAT cuando la requiera. Incumplir acarrea multas muy elevadas (por cada beneficiario pueden superar los dos millones de pesos, montos que se actualizan cada año). Es hoy uno de los puntos de cumplimiento corporativo más vigilados.

Es la revisión exhaustiva de una empresa antes de comprarla, fusionarla o invertir en ella, para detectar contingencias y valorar precio y riesgos. Abarca lo legal, fiscal, laboral, de seguridad social, inmobiliario y de propiedad intelectual: contratos, litigios, pasivos, permisos y cumplimiento. Saltarse este paso es la causa más común de “sorpresas” costosas tras una operación; un hallazgo a tiempo se traduce en mejores cláusulas de garantía o en un ajuste de precio.

Existen dos vías principales y la elección es estratégica. Puede interponer el recurso de revocación ante el propio SAT —que es optativo— dentro de los 30 días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación, vía buzón tributario (arts. 116 y 121 CFF), o bien acudir directamente al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). No es obligatorio agotar el recurso antes de demandar; cada caso exige analizar plazos, pruebas y la necesidad de garantizar el interés fiscal.

La restricción temporal del CSD (art. 17-H Bis CFF) es una medida provisional: usted puede presentar una solicitud de aclaración para subsanar o desvirtuar la causa y, al día hábil siguiente de presentarla, el SAT debe restablecer el uso del sello mientras resuelve, lo que debe hacer en un máximo de 10 días hábiles. Si no se aclara, el certificado puede dejarse sin efectos de forma definitiva (cancelación, art. 17-H CFF). Mientras el CSD esté inactivo no podrá emitir CFDI, por lo que conviene actuar de inmediato.

El artículo 69-B del CFF presume inexistentes las operaciones de quien emite comprobantes sin activos, personal o capacidad material (EFOS); quien dedujo esos comprobantes es un EDOS. Notificada la presunción, el presunto EFOS tiene 15 días hábiles (prorrogables una sola vez por 5) para desvirtuarla, y el listado definitivo no se publica antes de 30 días tras la resolución; una vez publicado, los EDOS cuentan con 30 días hábiles para acreditar la materialidad de las operaciones o corregir su situación fiscal. Además, expedir o adquirir comprobantes de operaciones inexistentes puede constituir delito (art. 113 Bis CFF, prisión de 2 a 9 años).

La opinión de cumplimiento (art. 32-D CFF) es un documento que emite el SAT indicando si la empresa está al corriente de sus obligaciones fiscales, en sentido positivo o negativo. La ley exige opinión positiva para contratar con el gobierno y para acceder a subsidios o estímulos; además, clientes, proveedores y bancos suelen solicitarla como parte de su debida diligencia antes de contratar u otorgar crédito. Se obtiene en línea en el Portal del SAT y, en sentido positivo, tiene vigencia de 30 días naturales (3 meses para estímulos o subsidios).

Sí. Si un crédito fiscal firme no se paga ni se garantiza en los plazos de ley, el SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (art. 145 CFF), que comprende el requerimiento de pago, el embargo de bienes —incluidas cuentas bancarias y la negociación— y, en su caso, el remate. El procedimiento puede suspenderse garantizando el interés fiscal en alguna de las formas del artículo 141 CFF (por ejemplo, billete de depósito, fianza o embargo en la vía administrativa). Actuar antes de que el crédito quede firme amplía las opciones de defensa.

Son dos figuras distintas. Las facultades de comprobación del SAT caducan, por regla general, en 5 años contados desde que se presentó la declaración (art. 67 CFF), plazo que puede llegar hasta 10 años en supuestos como no estar inscrito en el RFC, no llevar contabilidad o no presentar declaración. En cambio, el crédito fiscal ya determinado prescribe en 5 años desde que el pago pudo ser legalmente exigido (art. 146 CFF), plazo que se interrumpe con cada gestión de cobro notificada. Conviene revisar fechas y notificaciones, pues a menudo hay defensa por extinción de facultades.

Por regla general, el SAT debe efectuar la devolución dentro de los 40 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud (art. 22 CFF). Ese plazo se suspende si la autoridad emite un requerimiento de información, que el contribuyente debe atender en 20 días hábiles, y el SAT puede ejercer facultades de comprobación antes de devolver; si se excede el plazo sin causa, procede el pago de intereses (art. 22-A CFF). Documentar debidamente la materialidad de las operaciones y la procedencia del saldo es clave para evitar negativas o demoras.

En ciertos supuestos, sí. El artículo 26 del CFF prevé responsabilidad solidaria de directores, gerentes generales o administradores únicos, y también de socios o accionistas que hayan tenido el control efectivo de la sociedad, en la parte del crédito que no alcance a cubrirse con los bienes de la empresa. La de socios y accionistas se limita a su porcentaje de participación y opera en supuestos específicos (por ejemplo, no inscripción en el RFC, cambio de domicilio sin aviso durante facultades, o no llevar contabilidad); esta responsabilidad comprende los accesorios, pero no las multas.

La transmisión de propiedad de un inmueble debe formalizarse en escritura pública otorgada ante notario, quien verifica la titularidad, calcula y entera los impuestos, y la inscribe en el Registro Público de la Propiedad. La compraventa es de competencia local, por lo que el procedimiento y requisitos específicos se rigen por el Código Civil de cada estado. La inscripción registral es la que otorga oponibilidad frente a terceros.

El due diligence inmobiliario es la revisión exhaustiva del estado jurídico, fiscal, registral, urbanístico y físico de un inmueble antes de adquirirlo, para detectar riesgos ocultos como gravámenes, embargos, adeudos o irregularidades de uso de suelo. Abarca al menos la escritura inscrita, el certificado de libertad de gravamen, la situación del predial y el agua, el uso de suelo y la identidad y capacidad del vendedor. Su objetivo es dar certeza jurídica y poder negociar o desistir con información completa.

El Registro Público de la Propiedad da publicidad y seguridad jurídica a los actos sobre inmuebles; la inscripción acredita la titularidad y situación jurídica vigente de cada predio mediante su folio real. El certificado de libertad de gravamen es el documento que emite el Registro y revela si existen hipotecas, embargos, servidumbres u otras limitaciones; tiene vigencia temporal limitada. Los registros son de competencia estatal, por lo que requisitos, plazos y vigencias varían por entidad.

El arrendamiento obliga a una parte a conceder el uso o goce temporal del inmueble y a la otra a pagar una renta cierta; el arrendador debe entregar y conservar el bien apto para su uso y el arrendatario pagar puntualmente, usarlo conforme a lo pactado y devolverlo. Conforme al Código Civil Federal (art. 2398), el arrendamiento no puede exceder de diez años para habitación y veinte años para comercio o industria. Es materia de competencia local, por lo que las reglas específicas se rigen por el Código Civil de cada estado; conviene pactar con detalle rentas, garantías, mantenimiento y causales de terminación.

El artículo 27, fracción I, constitucional prohíbe a los extranjeros la propiedad directa de tierras y aguas en una franja de 100 km a lo largo de las fronteras y 50 km en las playas (zona restringida). Para fines residenciales, el extranjero accede al uso y goce mediante un fideicomiso en banco mexicano que, conforme a la Ley de Inversión Extranjera (art. 11), tiene una vigencia máxima de 50 años prorrogable. Para fines no residenciales, una sociedad mexicana con cláusula de admisión de extranjeros puede adquirir el dominio directo y dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (art. 10).

Al adquirir, se causa el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI, en algunos estados ISABI), que paga una sola vez el comprador y se calcula sobre el valor más alto entre precio, valor catastral y avalúo. Es un gravamen de competencia local cuya tasa varía por estado y municipio (aproximadamente entre 2% y 5.7% según la entidad; la Ciudad de México aplica tarifa progresiva). El predial es un impuesto municipal anual y recurrente sobre el valor catastral, con tasas y cuotas que fija cada municipio.

La propiedad privada está inscrita a nombre de una persona o empresa en el Registro Público de la Propiedad y puede transmitirse por escritura ante notario; la tierra ejidal es propiedad social regulada por la Ley Agraria y, en principio, no puede venderse a particulares sin un proceso previo. Para incorporarla al comercio se requiere, vía asamblea ejidal, adoptar el dominio pleno y obtener el título ante el Registro Agrario Nacional (RAN), para luego inscribirlo en el Registro Público. Adquirir tierra ejidal sin dominio pleno genera inseguridad jurídica e impide escriturar.

La promesa de compraventa es un contrato preparatorio que solo genera obligaciones de hacer —celebrar la compraventa definitiva— y no transmite la propiedad; conforme al Código Civil Federal (art. 2246) debe constar por escrito, contener los elementos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. Las arras son una entrega de dinero que garantiza o confirma el acuerdo, mientras la pena convencional fija de antemano la indemnización por incumplimiento. Por ser materia local, su regulación específica varía según el Código Civil de cada estado.

La propiedad industrial protege signos distintivos (marcas, avisos y nombres comerciales) e invenciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos industriales), y se tramita ante el IMPI conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (vigente desde el 5 de noviembre de 2020). El derecho de autor protege obras literarias y artísticas —incluido el software— conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, y se vincula con el INDAUTOR. La diferencia central es el objeto: la propiedad industrial protege activos del ámbito empresarial y técnico, mientras que el derecho de autor protege la expresión creativa, no las ideas.

La solicitud se presenta en línea ante el IMPI; el Instituto la publica en la Gaceta dentro de los 10 días siguientes y abre un plazo improrrogable de un mes para oposiciones (art. 221), tras lo cual realiza el examen de forma y el examen de fondo y, de proceder, expide el título de registro. El IMPI estima un tiempo de respuesta aproximado de 4 a 6 meses cuando no hay objeciones ni oposiciones; en la práctica puede extenderse varios meses más si surgen requerimientos. El registro otorga el uso exclusivo de la marca en todo el territorio nacional para los productos o servicios amparados.

La tarifa oficial por el estudio de una solicitud nacional de registro de marca es de aproximadamente 2,695.18 pesos más IVA por cada clase, conforme al Acuerdo de Tarifas del IMPI vigente (publicado el 15 de marzo de 2024). El cobro es por clase: si la marca se solicita en varias clases de la Clasificación de Niza, cada clase genera un pago independiente. Esta cifra es la tarifa gubernamental y no incluye honorarios profesionales ni gestoría; conviene confirmarla en la página oficial de tarifas del IMPI, pues se actualiza.

El registro de una marca tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento y puede renovarse por periodos iguales de 10 años de forma indefinida (art. 178). La renovación debe solicitarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, aunque el IMPI da trámite a las solicitudes presentadas dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores; vencido ese plazo sin renovar, el registro caduca de pleno derecho (arts. 237 y 238). Al renovar, el titular debe declarar el uso real y efectivo de la marca indicando los productos o servicios específicos en que se usa (art. 237).

Bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el titular debe declarar el uso real y efectivo de su marca dentro de los tres meses posteriores a que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro, indicando los productos o servicios específicos en que la usa y pagando la tarifa correspondiente (art. 233). Si no se presenta esa declaración en el plazo, el registro caduca de pleno derecho, sin necesidad de declaración del IMPI. Adicionalmente, debe presentarse una declaración de uso al momento de cada renovación (art. 237); la protección continúa solo respecto de los productos o servicios sobre los que se haya declarado el uso.

La marca distingue productos o servicios en el mercado mediante un signo y se renueva indefinidamente cada 10 años. La patente protege una invención técnica nueva, con actividad inventiva y aplicación industrial (art. 48), y otorga un derecho exclusivo temporal de 20 años improrrogables (art. 53), tras los cuales la invención pasa al dominio público. El derecho de autor protege la expresión de obras literarias y artísticas —incluido el software— y dura toda la vida del autor más 100 años después de su muerte (art. 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor). En síntesis: la marca identifica, la patente protege cómo funciona algo y el derecho de autor protege una obra creativa.

La patente protege invenciones nuevas, con actividad inventiva y aplicación industrial, por 20 años improrrogables desde la presentación de la solicitud (arts. 48 y 53). El modelo de utilidad protege mejoras en la forma o estructura de objetos, utensilios o herramientas que les den una ventaja funcional, con una vigencia de 15 años improrrogables (art. 62). El diseño industrial protege el aspecto ornamental de un producto —dibujos y modelos industriales— por 5 años renovables por periodos iguales hasta un máximo de 25 años (art. 78). En esencia: la patente protege cómo funciona, el modelo de utilidad una mejora funcional y el diseño industrial cómo se ve.

Ante un tercero que use sin autorización una marca o patente, la empresa puede iniciar una declaración administrativa de infracción ante el IMPI, que puede ordenar medidas como el aseguramiento de mercancía e imponer sanciones que llegan hasta 250,000 UMA por conducta, multa adicional por día de persistencia y clausura (art. 388); como vía preventiva existe la oposición durante el mes posterior a la publicación de una solicitud de marca (art. 221). Las marcas y patentes pueden licenciarse a terceros mediante convenio. La franquicia existe cuando, junto con la licencia de uso de marca, se transmiten conocimientos técnicos o asistencia técnica, y el franquiciante debe entregar al interesado la información sobre el estado de su empresa al menos 30 días antes de firmar el contrato (art. 245).

Los MASC son procedimientos para resolver conflictos fuera de los tribunales —principalmente mediación, conciliación y arbitraje—, fundados en la voluntad de las partes y orientados a soluciones ágiles y especializadas. Su uso está reconocido en el artículo 17 de la Constitución y, en materia no penal, en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias publicada en el DOF el 26 de enero de 2024. Para una empresa permiten ahorrar tiempo y costos, preservar relaciones comerciales y mantener confidencialidad frente al litigio público.

En la mediación, un tercero imparcial facilita el diálogo pero no propone la solución; en la conciliación, el tercero sí puede proponer fórmulas de arreglo, que las partes aceptan o no. En ambos casos el resultado solo obliga si las partes firman un convenio. El arbitraje es distinto: las partes someten la disputa a uno o varios árbitros que emiten un laudo obligatorio y ejecutable, equiparable a una sentencia.

Es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje las controversias que surjan de una determinada relación jurídica; conforme al artículo 1416, fracción I, del Código de Comercio puede pactarse como cláusula dentro del contrato o como acuerdo independiente. El artículo 1423 exige que conste por escrito. Incluirla desde la firma da certeza sobre el foro, evita disputas posteriores sobre dónde y cómo se resolverá el conflicto, y permite acceder a un procedimiento especializado y confidencial.

El arbitraje suele ofrecer mayor rapidez, confidencialidad y la posibilidad de elegir árbitros con experiencia técnica en la materia en disputa, lo que es valioso en conflictos complejos o internacionales. Además, el laudo es definitivo y, por regla general, no admite apelación, lo que reduce la prolongación del conflicto. Como contrapartida, implica costos de honorarios de árbitros e institución que conviene evaluar caso por caso.

Sí. El reconocimiento y la ejecución de laudos están previstos en el Código de Comercio (Capítulo IX del Título Cuarto, artículos 1461 a 1463), y un laudo no cumplido voluntariamente puede ejecutarse por vía judicial. En el plano internacional, México es parte de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, a la que se adhirió el 14 de abril de 1971, lo que facilita ejecutar laudos extranjeros y los dictados en México en el exterior.

Entre las más reconocidas para administrar arbitrajes comerciales están el Centro de Arbitraje de México (CAM) y el Centro de Mediación y Arbitraje de la CANACO Ciudad de México; en el ámbito internacional, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con representación en México. Estas instituciones aportan reglamentos, listas de árbitros y supervisión del procedimiento. La elección de la institución y su reglamento suele definirse desde la cláusula arbitral del contrato.

Sí. Desde la reforma laboral publicada en el DOF el 1 de mayo de 2019, la conciliación prejudicial es, por regla general, un requisito obligatorio antes de acudir a los Tribunales Laborales en conflictos individuales, conforme a los artículos 684-A a 684-E de la Ley Federal del Trabajo. Se tramita ante el Centro de Conciliación competente (local o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral) y no debe exceder de 45 días naturales. Existen excepciones legales, por ejemplo en casos de discriminación o vulneración de derechos fundamentales del trabajo, en las que puede acudirse directamente al tribunal.

El arbitraje suele convenir en contratos de alto valor, complejos, internacionales o que exigen confidencialidad y especialización técnica, donde la firmeza del laudo y la neutralidad del foro aportan certeza. Los tribunales pueden resultar preferibles en asuntos de menor cuantía donde el costo del arbitraje no se justifica, cuando se requieren ciertas medidas de imperio, o cuando la materia no es susceptible de arbitraje. La decisión depende del tipo de contrato, el monto y el perfil de riesgo, y conviene definirla al redactar la cláusula.

Una empresa puede verse involucrada en litigio mercantil (cobro de adeudos, contratos comerciales, conflictos societarios), civil (responsabilidad civil, arrendamientos, propiedad), administrativo y fiscal (controversias con autoridades como el SAT u órganos reguladores), laboral (despidos y prestaciones, hoy ante los Tribunales Laborales), penal empresarial (fraude, delitos fiscales, defensa corporativa) y constitucional vía juicio de amparo. Cada materia se rige por leyes y tribunales distintos, por lo que identificar correctamente la vía es el primer paso de cualquier estrategia.

El juicio de amparo es el medio de defensa, regulado por la Ley de Amparo (reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales), para proteger a personas y empresas frente a actos de autoridad que violen sus derechos. Una empresa suele recurrir al amparo contra normas o actos de autoridades (por ejemplo, fiscales, administrativas o regulatorias) que le causen un perjuicio, o contra sentencias definitivas que le sean adversas. Es una vía federal y técnica, distinta de los juicios ordinarios, que normalmente exige agotar previamente los recursos ordinarios disponibles.

El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a un juicio, y se promueve ante un Tribunal Colegiado de Circuito a través de la autoridad que dictó la resolución. El amparo indirecto procede contra normas generales, actos de autoridad fuera de juicio o que no le ponen fin, y otros actos que causen un perjuicio, y se tramita ante un Juzgado de Distrito. El plazo general para promover ambos es de 15 días hábiles a partir de que surte efectos la notificación, con excepciones previstas en la ley.

Es la vía rápida prevista en el Código de Comercio (artículos 1391 y siguientes) para cobrar una deuda cierta, líquida y exigible cuando se cuenta con un documento que “trae aparejada ejecución” (título ejecutivo). Su principal ventaja es que, al admitirse la demanda, el juez ordena requerir de pago al deudor y, de no pagar, embargar bienes desde el inicio del proceso para garantizar el adeudo. Es el mecanismo más utilizado por las empresas para recuperar cartera documentada.

La acción cambiaria directa derivada de un pagaré prescribe en 3 años contados desde su vencimiento, conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En el caso del cheque, la acción cambiaria prescribe en 6 meses, plazo que para el último tenedor corre desde que concluye el término de presentación (el cheque debe presentarse para su cobro dentro de los 15 días naturales siguientes a su fecha cuando es pagadero en el mismo lugar de expedición). Presentar la demanda interrumpe la prescripción, por lo que conviene actuar con oportunidad.

Es un código único, publicado en el DOF el 7 de junio de 2023, que busca unificar las reglas procesales civiles y familiares de todo el país y sustituir gradualmente los códigos procesales locales. Su entrada en vigor es escalonada: cada entidad lo implementa mediante una “declaratoria de vigencia”, con fecha límite del 1 de abril de 2027. Importante: en materia mercantil, los juicios siguen rigiéndose principalmente por el Código de Comercio y las leyes mercantiles especiales, aplicándose este nuevo Código solo de forma supletoria; por ello su vigencia debe verificarse por entidad y por tipo de procedimiento.

La duración varía considerablemente según la materia, la vía, la complejidad del asunto y la carga de trabajo del tribunal. Como referencia general de fuentes profesionales, un juicio mercantil suele tomar de varios meses a más de un año en primera instancia, mientras que asuntos civiles ordinarios complejos pueden extenderse por varios años. Los plazos se alargan por incidentes, peritajes, apelaciones y amparos, y se acortan cuando hay disposición a negociar o conciliar.

La jurisdicción es la función del Estado de resolver controversias mediante el proceso; todos los jueces la tienen. La competencia es el límite de esa función: define qué juez concreto puede conocer un asunto, y se determina por materia, territorio, grado y, en su caso, cuantía. En la práctica, identificar al juez competente (por ejemplo, el del domicilio pactado o el del lugar de cumplimiento de la obligación) es esencial, ya que demandar ante autoridad incompetente puede generar retrasos.